Ciudad de México.- Enrique Beltrán Santés Juez Segundo de Distrito liberó órdenes de aprehensión contra Iñaki Blanco Cabrera ex procurador estatal, Leonardo Octavio Vázquez Pérez ex secretario de Seguridad Pública (SSP) y Lambertina Galeana Marín ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJG) acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero registrada en septiembre de 2014.
El periódico Reforma difundió que Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Estado de México, liberó las ordenes de captura contra Blanco Cabrera y Vázquez Pérez ex funcionarios durante la administración del Gobernador Ángel Aguirre Rivero, derivado de sus presuntas ligas con el cártel de ‘Guerreros Unidos’
Además, ordenó la aprehensión de Galeana Marín, por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, el Juez liberó órdenes de aprehensión contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente.
Paralelamente, Beltrán Santés giró nuevas órdenes de aprehensión contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra Blanco Cabrera y Vázquez Pérez ha sido basada en las declaraciones del testigo protegido “Juan”, cuyo nombre es Gilberto López Astudillo “El Gil”, operador del grupo criminal ‘Guerreros Unidos’.
En su testimonio, ‘El Gil’ también implicado en la desaparición de los normalistas, narró que ‘Guerreros Unidos’ enviaba mensualmente 50 mil dólares al ex procurador Blanco Cabrera y otra cantidad similar al ex secretario de Seguridad Pública Vázquez Pérez.
Según ‘El Gil’ el dinero se hacía llegar a Blanco Cabrera a través del sicario de nombre Gabriel alias ‘El Pelón’, mientras que a Vázquez Pérez, vía Felipe Flores Velázquez, entonces jefe de la policía municipal de Iguala.
Paralelamente, Flores Velázquez recibía sobornos de Raúl Núñez Salgado, “La Canperra”, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, Teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el Fiscal Iñaki Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al Teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaki le entregaba Gabriel, alias ‘El Pelón’, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declaró el testigo protegido.
“Juan” confesó ante el ministerio público que entregaban 80 mil pesos mensuales a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; y 15 mil a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala. Además 10 mil pesos mensuales a los elementos policiacos.
También declaró que el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
Otro de los gastos que devengaba el grupo criminal, según este testigo colaborador, eran 2 mil dólares para mantener en la nómina de la corporación estatal a cada agente que reprobara los exámenes de control de confianza.
En el caso de Lambertina Galeana Marín ex presidenta del TSJG y dos técnicos en sistemas, la imputación se basa en la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del día 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
La importancia de estos registros visuales para la indagatoria es que habrían grabado el momento en que los policías locales interceptaron uno de los autobuses con los normalistas, durante la última vez con vida durante noche del 27 de septiembre.
El TSJG dijo en aquel entonces que los videos habían sido entregados el 24 de julio de 2015 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Los responsables supuestamente habrían sido los ingenieros Solís Jiménez y Uribe Iturbe, por instrucciones de la presidenta del TSJG.
En 215, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reportó en uno de sus informes que había la presunción de la destrucción o desaparición de esos videos.
Para la FGR, la pérdida o destrucción de evidencia contribuyó a la desaparición de los normalistas.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia.
“Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, indicó el GIEI en agosto de 2015.
El pasado 19 de agosto, el Juez Beltrán Santés emitió 84 órdenes de aprehensión que incluyeron a los ex funcionarios involucrados en el ‘Caso Iguala’ que contiene la causa penal 15/2022.
Autoridades federales han cumplimentado 7 de las 84 órdenes de aprehensiones, entre ellas, contra el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la policía municipal actualmente en prisión.
Además, ejecutaron la acción penal contra el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, y sus subordinados el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Con Información de Reforma.
