Caso Iguala: dos verdades, dos gobiernos: Están muertos los normalistas

Y AL FINAL, EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador construyó su propia verdad sobre los hechos de Iguala. Fue un crimen de Estado, afirma sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y con todo y su propia verdad, confirmó la llamada “verdad histórica” el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, están muertos.

Hay que decirlo. Pese a las diferencias de las verdades, hay coincidencias en lo fundamental, en el sentido de que los 43 normalistas están muertos. No hay indicios de que estén con vida, ha dicho el gobierno de López Obrador a través del subsecretario Alejandro Encinas, quien durante casi cuatro años ha llevado la investigación sobre el caso, conclusión a la que había llegado Peña Nieto a través del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, hoy en la cárcel, quién en base a las investigaciones realizadas, concluyó que los mismos 43 estudiantes habían sido incinerados.

Hay al menos otras dos coincidencias más. La “verdad histórica” de Peña Nieto, como la “verdad política” de López Obrador, señalan que en los hechos de Iguala, en la que además perdieron la vida seis personas más, incluidos estudiantes y un adolescente perteneciente a un equipo de futbol, participaron miembros del crimen organizado del grupo Guerreros Unidos, quienes atacaron a los normalistas a los que confundieron con un grupo antagónico, los Rojos, apoyados por policías de diversos municipios, luego de que los jóvenes se apoderaron de un autobús cargado de droga.

Así que, más allá de los objetivos de cada gobierno, lo cierto es que hay una verdad irrefutable. Los 43 normalistas desaparecidos están muertos, y con ello concluye la búsqueda de los padres de familia de encontrarlos con vida. Lo demás, ciertamente, lejos de la justicia y de la aplicación de la ley para los responsables que los atacaron, los desaparecieron y los mataron, no es más que política. Peña Nieto, por ejemplo, buscó resolver el caso construyendo una verdad que exonerara a su gobierno, y el de López Obrador, en sostener su aseveración de que fue culpa del Estado.

Pero, y si fue culpa del Estado, ¿cómo es que en la verdad del hoy presidente de la República se deja fuera de toda culpa a su antecesor, quien era la cabeza del Estado al que acusa? ¿Cómo es que si el Ejército tuvo participación en los hechos, también se le deja fuera a sus altos mandos? ¿Y si la participación de policías municipales ésta sí comprobada, es suficiente para afirmar que fue el Estado en lo de Iguala?

¿Y si fue el Estado, cuál fue el móvil del ataque a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de los 43? ¿Por qué fue el Estado? Más aún, ¿quién se benefició con los hechos de Iguala? ¿Por qué, pues, el entonces procurador de Justicia, acordó una verdad histórica como dice el actual gobierno federal?

En fin que, lo que sí queda claro es que mientras el gobierno de Peña Nieto buscó dar con el paradero de los estudiantes y meter a la cárcel a los presuntos culpables, incluso con todas las irregularidades de las que se habla, incluida la tortura, el de López Obrador se dedicó, hasta ahora, en perseguir a quienes realizaron la investigación, dejando de lado el fondo del caso, es decir, lo que pasó aquella noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y también, dejando fuera la búsqueda de los 43.

Así las cosas, la investigación del caso Iguala, que debió enfocarse al esclarecimiento de los hechos desde la verdad del actual gobierno de la República, se convirtió en investigar la investigación y a quienes la realizaron, de tal forma que Murillo Karam está hoy en la cárcel, mientras que la línea del narcotráfico cada vez se diluye, cuando el ataque a los normalistas tuvo que ver porque fueron confundidos con un grupo delincuencial diferente al que operaba en Iguala, tras apoderarse de un autobús cargado de droga.

Al final de cuentas, lo único que queda claro de la investigación sobre los hechos de Iguala, que le costó la gubernatura Ángel Aguirre Rivero, son las realizadas por el entonces fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, quien por cierto sentó las bases del caso, de tal forma que las detenciones realizadas bajo su cargo están firmes, así como todas las diligencias, de las que en su momento se sirvió el procurado Murillo Karam, y desde cuatro años el gobierno de López Obrador. Y aunque increíble, hoy se le pretende señalar como responsable.

Por cierto, hay que decir que hoy más que nunca está vigente la investigación sobre el mismo caso que llevó a cabo la entonces gloriosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ojo, no la de ahora.

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